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Las razones de las movilizaciones indígenas en el Cauca


Indígenas Cauca

Tras el bloqueo de la vía Panamericana por las inconformidades de los pueblos indígenas del Cauca, continúan los intentos de negociar soluciones para conjurar la crisis que se agudizó en el departamento tras el inicio de la minga indígena.

Con una mesa de negociación que se instaló hoy, 14 de marzo, en la vía Panamericana, a la que acudieron alcaldes de varios municipios, delegados del Gobierno Nacional, representantes de la Fuerza Pública y defensores de Derechos Humanos, se intenta conjurar la crisis que se agudizó desde hace cinco días, cuando indígenas y manifestantes de la Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz —liderada por el Consejo Regional Indígena del Cauca, (CRIC)— bloquearon la vía Panamericana, uno de los corredores viales más importantes del sur del país.

El cierre de la carretera ha ocasionado graves problemas de movilidad y los choques entre los manifestantes y las autoridades han dejado hasta el momento 16 personas heridas. Los indígenas exigen la presencia del presidente Iván Duque en la región para que escuche sus peticiones respecto a las problemáticas del departamento del Cauca. Aunque fue citado para el martes, 12 de febrero, en la zona de El Pital, en el municipio de Caldono, el mandatario no asistió.

La minga está liderada por el CRIC, pero la respaldan otras organizaciones como el Consejo Regional Indígena de Caldas, Cridec, los pueblos nasa, misak, yanacuna, emberá y pijao, la Marcha Patriótica, el Coordinador Nacional Agrario, el CNA, y otras.

Consulta previa y medioambiente

“Pensamos que el presidente está usurpando el poder de la alta Corte Constitucional y se está tomando poderes que no están planteados dentro del marco legal”, señaló a El Espectador, Giovanni Yala, vocero indígena del CRIC.

Yala se refiere a que aunque la Corte Constitucional estableció que, mediante el mecanismo de consulta previa, los pueblos indígenas pueden participar en las decisiones que afecten a sus territorios, la medida no es implementada y las comunidades no tienen voz en proyectos como la minería y el fracking que se adelantan en la región.

Otro de los puntos que las comunidades ponen en la mesa es el cuidado y la protección del medio ambiente.

“El Gobierno no está respetando nuestros derechos. Está entregando nuestras tierras a las multinacionales para que exploten el oro, el oxígeno, los bosques, la biodiversidad y la madre tierra. Para ellos es una mercancía que intercambian por dinero que luego malgastan”, agregó Yala.

Érika Giraldo, consejera de comunicaciones del Cridec, aseguró que hay inconformidad por la posible reglamentación a la medida de consulta previa y porque las multinacionales la ven solo como un requisito y en algunos casos es negada.

“Ha ocurrido el caso de que la Corte dice que la consulta previa no puede ser aplicada porque en la zona no hay comunidades indígenas, cuando encontramos que hay pueblos con una lengua y costumbres propias. Esto se evidencia en los municipios de Marmato y Risaralda, en Caldas”, agregó.

En cuanto a la protección del medioambiente, las comunidades exigen que se reconozcan a las autoridades ambientales como las encargadas de legislar sobre los recursos naturales y no al Gobierno, como sucede actualmente.

Autonomía y Gobierno propio

Este punto se refiere a un pliego reivindicativo. Las comunidades alegan que ha habido incumplimientos en el reconocimiento de los resguardos indígenas que son dueños de las tierras por derecho ancestral y colonial.

“Estos terrenos nos fueron entregados en los años 1500 y 1600, cuando hubo una ocupación de nuestros ancestros. Ahora, esos lugares se han convertido en globos de tierra y las comunidades están en estado de confinamiento. Incluso, hay nuevos resguardos que se encuentran en la pobreza extrema. Estamos hablando de una deuda histórica que aún no ha sido saldada”, dijo Giraldo.

Las comunidades exigen que las autoridades indígenas sean reconocidas como un Gobierno. En ese sentido, los diálogos se harían de Gobierno a Gobierno y no de Gobierno a minorías. Del mismo modo, exigen el respeto de las economías propias.

Plan Nacional de Desarrollo

Dentro del capítulo indígena del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 fueron aprobados $10 billones para entregar a los pueblos indígenas del país.  “De los $10 billones destinados a las comunidades, el Gobierno retiró el 70 por ciento del presupuesto unos meses después”, aseguró Feliciano Valencia, líder indígena del CRIC.

Las autoridades territoriales expresaron que no están claras las ramas de inversión ni los proyectos en los que se ejecutarán esos recursos. Lo que exigen en cuanto a este punto es que se firmen acuerdos de presupuesto que respalden la actividad territorial y de las comunidades.

Otra de las inconformidades de los indígenas es que los acuerdos presentados en la comisión mixta, conformada por delegados del Gobierno y autoridades indígenas, no fueron tomados en cuenta. Sin embargo, según el Gobierno, el 90por ciento de los consensos fueron aprobados.

Conflicto armado y asesinato a líderes sociales

Las autoridades indígenas también exigen que el Gobierno respete el Acuerdo de Paz pactado en La Habana con las Farc y que se retomen las conversaciones con la guerrilla del ELN, presente en varios municipios del Cauca.

Algunos líderes aseguraron que, en el departamento, la cifra de líderes sociales asesinados sobrepasa los cien en el último año. “De los 527 líderes que fueron asesinados a nivel nacional, el 30 por ciento cayeron en el Cauca. De esos casos, por lo menos  44 —según el proceso de investigación— fueron perpetrados por servidores públicos, es decir por militares”, sostuvo Yala.

Para Aída Quilicue, consejera de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el fenómeno va mucho más allá de los asesinatos. “No solo se trata de los homicidios, también hay constantes amenazas, desplazamientos, confinamientos, y vuelven a aparecer factores y actores de la guerra en Colombia”.

Las comunidades le piden al Gobierno una respuesta clara al tema de restitución de tierras —que es una de las causas de asesinato a líderes— y acciones que mitiguen la violencia en el territorio.

Érika Giraldo explicó que en el departamento del Cauca hay patrones concretos de homicidio, mientras que en otras regiones se trata de asesinatos más colectivos, como la masacre que ocurrió en noviembre de 2018 en el municipio de Riosucio, Caldas, en la que una familia perteneciente al resguardo indígena de San Lorenzo fue asesinada.

“Lo que pasa es que el Gobierno no reconoce la existencia del paramilitarismo ni de otras organizaciones armadas en las zonas afectadas. Las guerrillas no atentan contra los líderes sociales, sino contra los líderes comunitarios. Vivimos en constantes amenazas”.

Por el momento, los líderes siguen a la espera de una respuesta por parte del presidente Duque para “plantear un debate y tratar temas fundamentales en cuanto a derechos humanos, economía, paz, territorios y conflicto armado”.

La minga es de carácter indefinido y las organizaciones anunciaron que no se retirarán de las zonas bloqueadas (en los departamentos del Cauca, Huila y Caldas) hasta que se firmen nuevos acuerdos y se garantice su cumplimiento.

 

Fuente: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/cauca/los-reclamos-de-los-indigenas-del-cauca-articulo-845008.