Los niños de Uribia sólo cuentan con sus maestros

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Ana Karolina Mendoza

@AnaKarolinaMP

 

Uribia, Colombia. Veintidós centros educativos hay en Uribia, municipio donde se concentra la Alta Guajira. De estos, 17 son etnoeducativos. El Centro Etnoeducativo Rural Puay tiene sede en Sirramana y es el que más comunidades wayuu alcanza: cuenta con 35 aulas satélites, ubicadas en las rancherías, desierto adentro, «donde no llega la inversión del Gobierno y los maestros son los líderes, los héroes», resalta Isidro Ibarra, director de la institución.

El camino es polvoriento. Y la distancia entre una comunidad y otra es, medida en tiempo, de al menos media hora.

 

 

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Centro Etnoeducativo Rural Puay

 

Imelda Vanegas escribe sumas y restas en la pizarra, debajo del techo de zinc. Los niños y niñas copian, concentrados, la tarea.

—Son 24 alumnos—dice la docente.

—No, maestra. Somos 22—le interrumpe Juan Carlos, en perfecto castellano, porque sospecha que quienes lo observan no entienden el wayuunaiki: son alijunas. Él y todos sus compañeritos son wayuu.

Ambos se ríen.

Dos hermanitos faltaron a clases ese miércoles, porque estaban enfermos del estómago.

—Y aquí no los podemos tener. No tenemos cómo atenderlos.

En Puay están secos. El agua no llega ni por la lluvia, ni por cisternas; tampoco hay tanques ni pozos. Los estudiantes toman el agua que compran los maestros cuando tienen unos pesos de más. «Estamos gestionando unos tanques de agua. Es muy difícil mantenerlos aquí sin agua. Hace mucho calor, no vientea. Además es lo mínimo que podemos darles», dice el director, Isidro Ibarra.

En una letrina, alejados de las enramadas que fungen como aulas, hacen sus necesidades.

Dos congeladores y una nevera, además de una mesa con ollas golpeadas componen la cocina de la institución. No hay frutas, verduras; ni algo para comer. «Es la única aula satélite que tiene cocina por ser la principal y la más cercana a Uribia, la capital».

En Puay, se instruyen a 116 niños, niñas y adolescentes wayuu, desde pre-escolar hasta bachillerato.

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Aula satélite Warerapo N°1 (Son IV)

 

En cada viaje van tres niños. Más no caben en la moto de José Del Río, maestro de segundo y tercer grado. Él busca a sus alumnos en sus casas en la mañana y los lleva al mediodía. «A veces me colabora un hermano mío que tiene una camionetica y me lleva a los pelaítos en el cajón», cuenta el docente, mientras acomoda a los tres pasajeros que viven en la misma comunidad.

El Programa de Alimentación Escolar (PAE), según un cartel decolorado pegado en una de las paredes de las aulas, debe darles a los 70 estudiantes –la matrícula total- el desayuno. Del Río no recuerda cuando fue la última vez que les proveyeron desayuno a los pequeños. «Por eso, además de que no tenemos transporte escolar, es que yo me encargo de llevar y traer a los alumnos. ¿Con qué fuerzan caminan trechos tan largos, debajo del sol?».

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Aula satélite Warerapo N°3

La comunidad no en vano lleva el mismo nombre que su autoridad tradicional: Ramón González Jusayú.

Él tiene 51 años y es normalista superior, graduado en Uribia. Sale de su ranchería solo para echarle gasolina a su camión 350 que compró en Venezuela y, cuando tiene cinco o 10 mil pesos libres, para comprar gaseosas y galletas que al día siguiente les lleva a sus alumnos: los niños y niñas que cursan el tercer grado B. «Trabajamos con amor y sacrificio», dice en castellano con marcado acento wayuunaiki.

Sus estudiantes son variopintos, aunque sus caritas se parecen. Son variopintos, porque unos visten uniforme, otros la vestimenta wayuu y unos más, cualquier otra prenda. «Vienen con lo que pueden. Casi todos calzan guaireñas, porque son los únicos zapaticos que tienen».

Tampoco tienen útiles Desde el año pasado no les llega el kit que les enviaba el ministerio de Educación: un morral con cinco cuadernos, lápices, colore, reglas, sacapuntas y borrador. Ramón también les surte estos materiales, bien sean comprados por él o por donaciones que gestiona con otros paisanos.

«Yo no puedo negarles la educación. Ese es un derecho como niños y como ciudadanos».

Por eso, debajo de la enramada o debajo de los cujíes, como hacen sus otros 11 compañeros docentes, ellos madrugan de lunes a viernes para darles clases a sus pequeños.

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 Aula satélite Kepischon

 

Copia en la pizarra, pero no deja de mirar a la niña que está detrás, a su izquierda. Al terminar, Elina Martínez se acerca a la pequeña y le toca la frente, el cuello y los bracitos. Se cerciora de que no tiene fiebre.

—¿Todavía te sientes mal?—le pregunta al maestra.

La pequeña asiente con la cabeza.

—Pero, ¿qué te duele? Dime, mi amor.

Y la niña se toca la barriguita.

«Aquí estamos graves. No tenemos agua y no tenemos comida para darles a los niños. Muchos de ellos venían a clase sólo para comer, porque era el único plato que tenían seguro durante el día», cuenta la educadora.

De 25 alumnos que tiene entre cuarto y quinto grado –los dos grados los da en el mismo salón-, a diario le faltan entre cinco y ocho estudiantes.

La situación de Kepishon es particular: solo hay tres maestros para pre-escolar y primaria. Y el salario de cada uno es de un millón 80 mil pesos. Ellos, como Imelda Vanegas, José Del Río y Ramón González Jusayú, también sacan de su bolsillo plata para llevarles agua, medicinas y uno que otro bocadillo.

Los maestros son el único apoyo para los niños de Uribia que aún asisten a las escuelas.

 

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Falta de docentes, aulas y comida

En Uribia «urbana», como llaman a la capital del municipio, sólo hay una escuela: el Instituto etnoeducativo Julia Sierra Iguarán, donde estudian 1830 niños, niñas y adolescentes desde pre-escolar hasta bachillerato.

Este plantel presenta tres problemáticas puntuales: el déficit de docentes, la ausencia del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el hacinamiento. Hay 66 maestros, de los cuales 17 no han recibido nombramiento por parte del ministerio de Educación, precisó la directora Graciela Sillé.

Este año escolar la institución no ha recibido el PAE, por lo que han tenido que reducir la jornada cuatro horas: los alumnos salen a las 12.00 del mediodía. «Dábamos desayuno, almuerzo y merienda; pero este año no llegó el PAE. He enviado varios oficios y no he recibido respuesta».

En oficinas, talleres y gradas escuchan clases los muchachos. Julia Sierra Iguarán necesita que le construyan más aulas. En el hacinamiento ha influido el ingreso de niños venezolanos. «A todos estudiantes venezolanos los recibimos, así sea en calidad de asistentes, mientras sus papás legalizan sus documentos. Vienen con muchos deseos de estudiar y se ven felices en sus aulas. Lástima que llegan muy mal preparados. Por su edad cronológica les corresponde sexto grado, pero les hacemos las pruebas y quedan e tercero». Los venezolanos son de Maracaibo, Mara, Paraguaipoa y Sinamaica.

 

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Siapana, angustia binacional

Desde Riohacha o desde Maicao hacia el Internado de Siapana son seis horas y media de viaje. Queda al Norte de la península La Guajira, cerca del Parque Nacional Natural Macuira. Es el internado más grande de la Alta Guajira, le sigue el de Nazaret, y su alcance es binacional: recibe estudiantes desde pre-escolar hasta bachillerato. Y a los más grandes se les imparten, además del contenido de cada grado, proyectos agroproductivos, cónsonos con la economía wayuu para que puedan egresar también con un oficio.

Pero el Internado de Siapana está en crisis. No puede alojar a los 550 niños y adolescentes que están internos, porque sus hogares quedan en comunidades lejanas o en el estado Zulia, Venezuela. «No se les ha garantizado el alimento que es lo más importante», resalta la rectora Gina Zamudio. Tampoco se ha garantizado el pago del personal administrativo.

El año escolar inició el 20 de enero «sin ningún aporte del Gobierno y sin ningún contrato o vinculación de los docentes, solo con recursos propios». No aguantaron más la situación de precariedad y el pasado 20 de mayo cerraron las puertas de Siapana. «Ya era insostenible tener a los alumnos allí. Ya sus familias, sobre todo la de los alumnos venezolanos, no podían enviarles la comida. Además de que los docentes, que también son padres de familia, necesitan cobrar su salario».

El 23 de junio pasado, los maestros y representantes aprovecharon la visita de Oscar Naranjo, vicepresidente de Colombia,  a La Guajira para protestar por la situación del Internado y de las 28 sedes educativas en las que estudian un total dos mil 25 alumnos. «Estamos preocupados y necesitamos una respuesta inmediata no a larga plazo. Está en juego el años escolar y el bienestar de los pelaítos», denunció Deyanira García, representante y egresada del Internado de Siapana.

La protesta llegó a Bogotá. Y Pablo Jaramillo, viceministro de Educación, les respondió: «No hay políticas públicas para los internados».

Siapana sigue cerrado.

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