La Red Eclesial Panamazónica se pronuncia ante los crímenes contra indígenas en Santa Elena de Uairén

Amazonas

El Sínodo Panamazónico no puede tener más sangrienta antesala. La reunión de obispos y comunidades selváticas agregarán las matanzas a la ya extensa y dramática lista de problemas que hacen aún más evidente las razones del Santo Padre para convocar una reunión de dimensiones hasta hoy inéditas.

En Santa Elena de Uairén -una ciudad venezolana ubicada al sureste del país, en el estado Bolívar,  es la capital del municipio Gran Sabana.  Se trata de una ciudad fronteriza  ubicada a escasos km de la frontera con la República Federativa de Brasil- se vivieron horas amargas y cruentas el día 23 de febrero, cuando las comunidades indígenas,  tan o más afectadas como el resto del país por la hambruna y la falta de medicamentos, sumaron sus  esfuerzos para acompañar la entrada de ayuda humanitaria cerca de la frontera con Brasil.

Una refriega de graves consecuencias, por todos conocidas, se suscitó en el occidente venezolano cuando los camiones con la ayuda entraron por Cúcuta (desde Colombia). En el lejano Roraima fue más fácil para los guardias de lado venezolano atacar. No sólo porque se trata de comunidades indígenas desprovistas y pacíficas, sino porque el foco de atención estaba en la frontera colombiana donde el día antes  había tenido lugar un concierto de celebridades y varios presidente latinoamericanos se habían dado cita para apoyar el propósito de hacer llegar asistencia humanitaria para los venezolanos.

Y sucedió: la GNB arremetió contra los indígenas pemones. La organización de derechos humanos Provea aclaró el domingo 24 de febrero que, “debido la represión de los cuerpos de seguridad del Estado en Santa Elena de Uairén (sur del estado Bolívar), tres personas fueron asesinadas este sábado 23 de febrero”. El presidente de la comisión especial de seguimiento a la ayuda humanitaria de la Asamblea Nacional, diputado Miguel Pizarro, citó información de Provea y afirmó que las víctimas en Santa Elena de Uairén eran ocho.

Pero el asunto no quedó allí. Aparte de casi 60 detenidos, el hostigamiento contra las comunidades aborígenes y los centros de salud donde eran atendidos no cesó en varios días. De hecho, al momento de escribir estas líneas, aún se mantiene, al punto, de que la Repam (Red Panamazónica) que viene trabajando desde hace un par de años en el diseño y preparación del próximo Sínodo, se ha pronunciado pidiendo se detenga la agresión, a través el documento que presentamos a continuación para los lectores de Aleteia:

  1. La Red Eclesial Panamazónica (REPAM) de Venezuela eleva su voz de dolor, angustia e indignación, ante los dolorosos sucesos que se están desarrollando en medio de la tensión desatada por el intento de ingresar la ayuda humanitaria al país desde la mañana del pasado 23 de febrero, en la población de Santa Elena de Uairén, en el Territorio de la Gran Sabana en el Estado Bolívar, colindante con el estado de Roraima en Brasil.
  1. Según informaciones reseñadas en las redes sociales  y en algunos medios de comunicación social así como de personas que viven y desarrollan una actividad de promoción social en la zona, ya van, en un primer momento, 4 personas fallecidas,  más de 26 heridos, algunos de los cuales  han tenido que ser evacuados al Hospital de Boa Vista por la imposibilidad del Hospital de Santa Elena de Uairén de atenderlos, y un número indeterminado de detenidos y desaparecidos. Contactos directos posteriores hablan de cifras mayores por contabilizar, y, sobre todo, denuncian el clima de violencia y persecución que ha ido en aumento. Ha llegado desde las zonas urbanas del estado Bolívar gran cantidad de personas, muchas de las cuales nada tienen que ver con la FANB, que son generadores de terror entre la población.
  1. Llama la atención el ensañamiento que están demostrando con los pobladores de esta región, tan permanentemente abandonada pero, al mismo tiempo, tan codiciada por sus recursos naturales. Solicitamos se detenga tal agresión.  Los pueblos indígenas que ancestralmente viven en ella, llevan décadas de años solicitando el reconocimiento formal de propiedad comunitaria y de la demarcación de sus tierras y territorios, derecho reconocido formal y perentoriamente por la Constitución de 1999 (dos años después de su aprobación) y de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI).  A pesar de todos los esfuerzos, estudios y autodemarcaciones realizadas por los pueblos indígenas, todo ha quedado en una promesa incumplida, en una invasión y depredación de sus tierras y amenazas permanente de desalojo. En lugar de reconocer los territorios indígenas el gobierno venezolano ha creado la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, cuyo decreto 2.248 fue publicado en Gaceta Oficial el 24 de febrero de 2016 y acaba de cumplir tres años, para la explotación de oro, diamante, cobre, coltán, hierro, tierras raras. Todo esto sin la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas; y sin realizar un estudio de impacto socio-ambiental. A partir de este decreto se han incrementado el número de masacres y desapariciones en los municipios mineros, cuyo control está en manos de bandas criminales.
  1.  A eso se añade una constante acusación, más o  menos velada, de una voluntad separatista del pueblo Pemón (“balkanización” la han llamado algunos) por el hecho de defender sus derechos, identidad y cultura, escondiendo de esa manera intereses y propósitos injustificables. Es constante en los territorios indígenas la labor que llevan adelante algunos sectores (privados, políticos y gubernamentales) para minar la unidad de estos pueblos y crear divisiones que luego aprovechan en contra de ellos. La actuación de estos días en Santa Elena de Uairén es una muestra más de lo que se hace contra los más indefensos.
  1. Elevamos nuestra voz, junto con la de tantos venezolanos, para denunciar esta situación, asumir una actitud crítica frente al manejo de la situación que empiezan a hacer determinadas autoridades, y pedir el respeto de los derechos de estos pueblos autóctonos, y abrir los ojos ante la terrible realidad social que sufre una gran mayoría de la población de Venezuela. El cinismo que encierra el no reconocer y socorrer estas necesidades, negándolas o acusando sin más a otros, e impidiendo las ayudas que se nos están ofreciendo, constituye un crimen y un pecado que sólo reflejan inhumanidad y egoísmo.
  1. Urgimos a los responsables de esta situación inaceptable a que depongan su actitud de violencia e intransigencia ante los planteamientos ajenos a sus intereses; a todos los venezolanos de cualquier cultura y condición a propiciar el reencuentro y la reconciliación;  y a la comunidad internacional que acompañe y apoye  a Venezuela en su lucha por hacer vigente su Constitución por caminos civilizados y no violentos.
  1. La Red Eclesial Panamazónica manifiesta su solidaridad con la Iglesia venezolana, en particular con el Vicariato Apostólico de Caroní, en su incansable defensa de los derechos de la población. Manifestamos también nuestra solidaridad con el hermano pueblo Pemón y con toda la sociedad venezolana y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la vida y de los derechos humanos.

 

Fuente: https://es.aleteia.org/2019/03/02/que-dice-la-iglesia-de-la-amazonia-sobre-la-muerte-de-indigenas-en-venezuela/.

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